El desempleo sigue siendo uno de los principales desafíos para Aragón. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES), el paro en la comunidad autónoma a último día de noviembre de 2025 se sitúa en 48.722 personas. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2025, que abarcó los meses de julio, agosto y septiembre, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), arrojaba una cifra de 58.900 parados.

Cabe señalar que en el primer supuesto hablamos de paro registrado, pues prima el principio de voluntariedad a la hora de inscribirse (registrarse) como demandante de empleo en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Por otro lado, en el caso de la Encuesta de Población Activa, que todos los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a realizar anualmente, nos referimos a paro estimado

Este segundo método puede resultar más fiable que los datos ofrecidos por el MITES, dado que la EPA toma en consideración a un importante número de personas sin empleo que, por no tener derecho a percibir ninguna prestación, por poner un ejemplo, no llegan a apuntarse (en el caso de Aragón) al INAEM; pero que se definirían a sí mismos como desempleados si fuesen encuestados al respecto, y que se categorizan con más precisión en el próximo párrafo. Es por ello que la EPA busca estimar el número de parados real a través de una encuesta continua de carácter trimestral.

La EPA, que realiza un muestreo estadístico a partir de las encuestas realizadas a unas 65.000 familias cada trimestre (equivalentes a unas 20.000 personas), recoge no solo el número de ocupados (trabajadores por cuenta propia y ajena) y de parados (desempleados disponibles para trabajar y en búsqueda activa de empleo), así como la tasa de actividad y de paro, sino que también incluye a los inactivos, definidos éstos como aquellos que, encontrándose en condiciones para trabajar, permanecen fuera del mercado laboral por diversos motivos (estudiantes, jubilados o prejubilados, personas dedicadas a las labores del hogar, aquellos que tienen una incapacidad permanente, perceptores de pensión distinta a la de jubilación, y personas que realizan sin remuneración trabajos sociales o actividades benéficas, entre otros).

Si bien el número de afiliaciones en alta a la Seguridad Social a fecha de 30 de noviembre de 2025 asciende a 634.805, lo que supone 13.868 afiliaciones más que en el mismo mes del 2024 y, todavía parece lejano el objetivo del pleno empleo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) asocia a una tasa de paro no superior al 4 %.

Ante esta situación, un servidor propone la creación de censos laborales municipales como un instrumento que permitiría a los ayuntamientos establecer una interlocución ágil con vecinos desempleados o interesados en mejorar su situación laboral. Este sistema ofrecería un enfoque inclusivo y dinámico para vincular oferta y demanda laboral en el ámbito municipal.

A diferencia de las bolsas de empleo tradicionales, estos censos no exigirían la superación de procesos selectivos o contar previamente con puntos de trabajo. Sería suficiente con acreditar la capacidad funcional para el desempeño del puesto y la formación requerida. Además, permitirían reflejar la disponibilidad geográfica de los inscritos, favoreciendo la cooperación entre municipios para cubrir necesidades laborales específicas.

Los censos se renovarían periódicamente con la entrada y salida de personas según su situación laboral. Además, las empresas locales podrían recurrir a esta herramienta para captar perfiles adecuados en el curso de sus diferentes procesos de selección.

Esta iniciativa no solo ayudaría a combatir el desempleo juvenil, facilitando su incorporación al mercado laboral tras la finalización de sus estudios, sino que también sería una medida eficaz contra la despoblación. En los municipios más pequeños, donde la falta de empleo impulsa la migración del campo a la ciudad, los censos podrían atraer y retener talento.

Conocer de primera mano el capital humano local disponible permitiría a los ayuntamientos diseñar políticas de empleo más ajustadas a la realidad local. Los agentes de empleo y desarrollo local jugarían un papel crucial en la coordinación de estas políticas y en la conexión entre los sectores público y privado.

El pleno empleo es un objetivo ambicioso, pero alcanzable con medidas atrevidas como esta. Los censos laborales municipales no solo beneficiarían a quienes buscan empleo, sino que reforzarían la capacidad de los ayuntamientos para impulsar el desarrollo económico y social de sus territorios.

¿Estamos listos para dar este paso hacia el futuro?