Aunque se remonta a la Baja Edad Media, la expresión del Derecho castellano “acátese pero no se cumpla” está de rabiosa actualidad. No porque haya leyes cuya injusticia o choque con la costumbre o tradición aconseje dejarlas desactivadas. Sino porque no son pocas las normas que ni cumple quien en teoría está sujeto a ellas ni el que debe hacerlas cumplir lo hace.

El caso de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana es un ejemplo claro. El texto, que entró en vigor el 6 de noviembre de 2018, establece qué tipo de conductas podrían ser objeto de sanciones que van desde los 30 a los 2.500 euros.

¿Cuántas multas se han impuesto desde entonces por dejar la basura fuera de horario o fuera del lugar adecuado? ¿Por depositar enseres y trastos varios donde y cuando a uno le da la gana? ¿Y por sacudir alfombras o similares en la vía pública? ¿Por no limpiar y desratizar, si es el caso, solares particulares? ¿Y por no recoger los excrementos de las mascotas, cuya sobreabundancia en algunas calles clama al cielo?

Todo eso, y son cinco ejemplos, podrían ser objeto de sanción hoy mismo; la norma que lo permite existe y sus vulneraciones se han convertido en una constante porque, cuando la concienciación falla, la administración ha de echar mano de todos sus recursos para hacerla cumplir.

Bien está que se advierta y sancione a los propietarios de animales por no recoger sus deposiciones o no limpiar los orines. Pero que la vigilancia, información y, si es el caso, penalización, no quede ahí. Las farolas y contenedores no pueden ser tablones en los que colgar carteles de fiestas y fotografías de parejas a punto de casarse. Ni la ausencia o dejadez de los propietarios puede excusar el estado insalubre de numerosos solares urbanos, convertidos en vertederos. Que se acate, que se cumpla. Y que se haga cumplir.