Los acontecimientos en torno al exconcejal de Fiestas de Barbastro engloban dos momentos cuyo análisis hay que abordar de forma separada. En primer lugar, lo sucedido el 2 de septiembre, en ese tradicional brindis de Interpeñas, en el que el entonces responsable de los festejos reconoce que pasó unos chupitos a un grupo donde había menores.

Se trata de algo que la ley no lo permite y por lo que ese mismo día y en ese mismo espacio agentes de la Unidad de Policía Adscrita a Aragón levantaron dos actas más. Podrá discutirse la rigurosidad, la pertinencia o que eso lo hicieron otros concejales, pero lo que no es opinable es que la Ley no permite suministrar o invitar a alcohol a menores.

Tampoco es opinable que todos los ciudadanos tenemos derecho a la presunción de inocencia y a la protección de nuestros datos personales.

Sin embargo, en el segundo capítulo de esta historia nada se ha respetado. Una vez que la Policía, con el acta del día 2 firmada por el concejal, tramitó la denuncia que pasó a Sanidad, se abre un proceso de examen de los hechos, informe y propuesta, si es el caso, de sanción.

Pero con ese proceso aún en marcha y, a pesar de que ni en el acta ni en la denuncia apareciera que el aludido fuera concejal de Fiestas de Barbastro, se filtra la noticia que, a modo de bola de nieve, engorda, llega a prensa nacional y cae en una hipérbole que nos debe mover a la reflexión.

A reflexionar y a actuar. Porque de igual modo que el edil dimitió al entender que debe resolver este asunto de forma particular, alguien más debería dimitir por una obscena maniobra ¿política?

En Barbastro se sabía lo ocurrido el día 2 pero los funcionarios de Sanidad no recibieron la denuncia a un concejal sino a un ciudadano particular que hoy aún no ha sido notificado de nada.

Así que quien, sabiendo lo que había pasado, se fue a por el expediente para luego hacerlo circular, adornándolo y descontextualizándolo, también debería irse a su casa.