Esta mañana se celebra Junta de Portavoces en el ayuntamiento. Sobre la mesa, lo ocurrido en la desencajonada del pasado día 6 y el contrato taurino. Un medio nacional publicaba el martes 12 el informe de Intervención acerca de la contratación de festejos taurinos: un documento que solicitó el grupo municipal del PSOE el pasado 28 de agosto, con la firma de seis concejales (un tercio del pleno), después de conocer toda la programación festiva en la correspondiente comisión informativa.
Según fuentes municipales, «sin que el alcalde admitiera la solicitud de manera expresa», el interventor emitió el informe y lo hizo llegar a todos los concejales del citado grupo.
El informe de Intervención sobre el contrato taurino
El informe concluye que «se ha vulnerado la normativa en materia de contratación» debido a la manera en que se han contratado los festejos taurinos. En vez de optar por una contratación de prestación de servicios (como se hizo en 2022 y «generó un coste de 8.000 euros», según las mismas fuentes municipales), se optó por otra fórmula: la licencia para el uso de la plaza de toros. Según el equipo de gobierno, de este modo «no se generó ningún gasto» y, como consecuencia, no era necesario informe de Intervención que, según recuerdan, «es el garante del buen uso de los caudales públicos; valorar aspectos jurídicos no es su función principal».
El informe, sin embargo, cree que la fórmula escogida «evita la aplicación de controles internos por parte de Intervención». Así, cree que la licencia de uso de un bien municipal (la plaza de toros) para la explotación por parte de un tercero no es la correcta, pues se imponen condiciones contractuales al empresario. Asimismo, cree que el uso de la plaza «está sujeto a concesión administrativa» y por ello debe regirse por la Ley de Contratos Públicos.
Dos fórmulas legales
Para el Ayuntamiento, las dos fórmulas son legales y con la elegida se han evitado gastos. Además, «la decisión está sustentada en lo legal por un informe de los técnicos del área competente, conformado por el asesor legal último del Ayuntamiento», que es la secretaria de la Corporación.
Respecto a la petición del informe, las mismas fuentes municipales añaden que «lo normal» es que cuando un grupo tiene dudas de un expediente, «pida acceso» al mismo y, si lo considera, «al técnico que lo instruye, no al interventor». Este martes fue cuando se solicitó dicho acceso. Y al día siguiente, el Partido Socialista emitió su propia nota de prensa.
En ella, indican que han solicitado dicha junta de portavoces; que el alcalde había convocado al mediodía, un par de horas antes de que se diera a conocer la petición públicamente. Primeramente, los socialistas consideran “desafortunadas y totalmente fuera de lugar” las explicaciones que dio el alcalde a través de los medios de comunicación sobre la desencajonada. «En ningún momento acepta honestamente lo sucedido, ni pide disculpas ni responsabilidades», apuntan. «Barbastro no merece ser noticia nacional por este lamentable incidente ni por las explicaciones al respecto del alcalde».
Abono de la tasa
En una segunda parte, en la nota aluden al expediente de Intervención, que «habla de posibles irregularidades, llegando a una posible nulidad puesto que Fernando Torres intervino sin tener competencias, pagando incluso de su bolsillo la tasa para que se pudiera desarrollar este evento, hecho legalmente inadmisible».
Efectivamente, el alcalde abonó la tasa de 72 euros que requería el primero de los expedientes que se necesitaban con el Gobierno de Aragón. Expedientes que se tuvieron que tramitar en tiempo de descuento y que «si no, no se habrían podido celebrar los festejos», apuntan fuentes municipales. Y lo hizo en virtud, según las mismas fuentes, «del reglamento general de recaudación, que establece que puede efectuar el pago de una tasa cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento».
Por todo ello, el Ayuntamiento entiende que «el expediente está completo y es correcto jurídicamente, también en lo referido al pago de la tasa. Salvo que un juez de lo Contencioso diga lo contrario, ningún vicio de nulidad lo perturba, por más que el interventor abogue por ello».
Un interventor que, por cierto, emitió dicho informe en los últimos días de su labor en el Ayuntamiento de Barbastro, pues ya ha marchado a un nuevo destino.
