Agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Barbastro, dentro de la Operación BOVAJE, han detenido a siete varones de entre 24 y 58 años, como supuestos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, usurpación de estado civil, estafa y blanqueo de capitales.
La investigación ha permitido descubrir y desarticular un grupo criminal afincado en la localidad de Monzón con ramificaciones en otras provincias (Barcelona y Navarra). Captaba a sus víctimas mediante ofertas de empleo o solicitándoles utilizar una cuenta bancaria para recibir una transferencia ofreciéndoles un pago económico en compensación.
La Operación se inició en 2019 con labores de análisis y estudio de la criminalidad que viene desarrollando el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barbastro. En él se descubrieron patrones que se repetían en varias denuncias interpuestas en los Acuartelamientos de Binéfar y Monzón.
La investigación llevada a cabo ha permitido esclarecer 82 hechos delictivos. De los cuales 30 de ellos son delitos de estafa, 30 de usurpación de estado civil, 11 de pertenencia a grupo criminal y 11 de blanqueo de capitales. Los detenidos fueron puestos en libertad con la obligación de personarse en el juzgado cuando sean requeridos para ello. La operación continúa abierta, sin que se descarten nuevas detenciones
Modus operandi
El mencionado estudio permitió concretar un proceso criminal que incluía efectuar declaraciones de la renta en nombre de los perjudicados sin que estos lo supiesen. Revelando con ello un profundo conocimiento de los procedimientos tributarios al cumplimentar de una manera muy concreta esas declaraciones, que permitían distraer dinero del erario público.
De esta forma, los presuntos autores obtenían los datos necesarios para realizar en su nombre y sin su conocimiento declaraciones tributarias irregulares. Estas daban como resultado el ingreso de 3.000 euros en la cuenta del perjudicado. Inmediatamente después de saber los miembros de la organización que se había hecho ese ingreso, hacían que la víctima del engaño retirase el dinero y lo entregara a su captador. Era el encargado de entregarlo a un escalón superior del grupo, acumulando ingresos por unos 75.000 euros.
Esta rapidez para hacerse con el dinero era por si se producía una revisión para detectar irregularidades en las declaraciones. Pero el dinero ya estaría en poder del grupo criminal, teniendo que hacer frente el perjudicado a las sanciones administrativas. Lo cual supuso un perjuicio económico de entre 3.000 y 4.500 euros a cada uno de ellos. Llegándose a elevar el total a cerca de 135.000 euros.
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