La Diputación Provincial de Huesca ha triplicado la aportación al Plan de Seguridad Rural 2025 con respecto al año pasado. «El plan está siendo un éxito», ha destacado el presidente, Isaac Claver. «Solo hay que ver la multitud de solicitudes que hemos recibido en el segundo año de vida del plan», añade.
Y es que, ha subrayado el presidente provincial, «en esta edición hemos triplicado el presupuesto, pasando de 100.000 a 300.000 euros». Además, señala, «hemos dado prioridad a las poblaciones con menos habitantes censados y que todavía no dispusieran de sistemas de videovigilancia».
Este es el caso de Peraltilla, en el Somontano, localidad que ha visitado Isaac Claver. Ha estado acompañado del alcalde de esta población, José Pedro Sierra, y del diputado provincial Fernando Torres. «Estamos haciendo todo lo posible para dar mayor seguridad a nuestros pueblos, ya que consideramos que la seguridad es la base para abrir negocios, mantener población y, en definitiva, tener pueblos más activos y dinámicos», recalca Claver.
Satisfacción por el Plan de Seguridad Rural 2025
El alcalde de Peraltilla, José Pedro Sierra, ha manifestado su «satisfacción y agradecimiento» por este Plan de Seguridad Rural 2025. «Un plan plan pionero, dirigido exclusivamente a los pueblos, y que nos permite instalar estos sistemas de videovigilancia para dotar de más seguridad a nuestros vecinos y negocios», agrega.
Con esta edición, 36 municipios y dos entidades locales que no disponían de sistema de videovigilancia lo van a poder instalar con este Plan de Seguridad Rural 2025. La DPH ha recibido 81 solicitudes, 30 más que en 2024.
Desde la Diputación Provincial recuerdan que el Plan de Seguridad Rural nació en 2024 con el objetivo de ayudar a los pequeños municipios en la prevención de delitos e infracciones relacionadas con la seguridad pública mediante la equipación e instalación de sistemas de videocámaras de seguridad.
Cabe recordar que para la puesta en marcha de estos sistemas es necesario contar con la autorización favorable de la Delegación del Gobierno en Aragón y que tan solo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puede acceder al visionado y tratamiento de la imágenes.
