España presume de contar con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Los informes oficiales y los discursos políticos así lo proclaman. Pero tras esa fachada se esconde una verdad incómoda: nuestro modelo sanitario languidece en un esquema hospitalocéntrico, saturado e incapaz de ofrecer respuestas eficaces a las necesidades actuales de la ciudadanía.

En la España rural, esa contradicción se percibe con una crudeza manifiesta. Allí donde los consultorios han cerrado y los centros de salud se encuentran a decenas de kilómetros, sigue permaneciendo en pie un único recurso: la farmacia.

Más de cinco mil boticas —2.128 en localidades de menos de mil habitantes— sostienen la atención de millones de personas olvidadas. El farmacéutico del pueblo actúa como consejero, orientador, acompañante de mayores y en muchos casos, es el único profesional sanitario accesible las 24 horas.

Hospitalocentrismo: un desequilibrio que vacía la sanidad de proximidad

No se trata solo de abandono del medio rural, sino de la dirección que ha tomado el sistema en su conjunto. Los recursos se concentran cada vez más en hospitales y tecnología de última generación, mientras la atención primaria, la salud comunitaria y la salud pública quedan relegadas y debilitadas.
Basta un dato para entender la magnitud del desequilibrio: en 2018, antes de la pandemia, el gasto público en prevención y salud pública apenas alcanzaba los 2.306 millones de euros, lo que equivalía a 49 euros por habitante, poco menos del 0,2 % del PIB. Esa cantidad, una de las más bajas de la Unión Europea, apenas se ha modificado en los últimos años. Aunque algunos indicadores apuntan a ligeras mejoras tras el COVID-19, no existe evidencia de un cambio sostenido que corrija esa tendencia crónica.

El caso de Aragón lo ilustra con claridad. En los presupuestos del 2024, la mayor parte del gasto sanitario —más de 2.650 millones de euros— se dirigió a la denominada “asistencia sanitaria”, que engloba sobre todo hospitales y atención especializada. En contraste, las partidas de salud pública y promoción apenas superaron conjuntamente los 120 millones. Es decir, por cada euro invertido en prevención, se destinan más de veinte a reparar la enfermedad una vez instaurada. Una proporción que refleja un modelo claramente hospitalocéntrico, con un peso mínimo de la salud comunitaria y de las estrategias preventivas.

Y sin embargo, es a nivel comunitario donde se gestionan millones de consultas cada año: más de siete millones en medicina de familia en Aragón, además de cientos de miles en pediatría y varios millones más en enfermería. Es paradójico que se levanten hospitales de última generación con inversiones millonarias, mientras en muchos pueblos se clausuran consultorios por falta de personal.

Una lección ignorada: el espejo del COVID-19

La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto las grietas de nuestro sistema sanitario. Durante meses, la verdadera respuesta en muchos pueblos no vino de hospitales saturados, sino de la sanidad de proximidad: médicos de familia, enfermeras comunitarias y por supuesto, farmacias que permanecieron abiertas incluso en los días más críticos.

Con una atención primaria robusta y una red de salud pública bien financiada, los resultados frente al virus podrían haber sido muy distintos. Quizás se habría logrado una detección más temprana, un seguimiento más estrecho de los pacientes crónicos y quién sabe si una prevención más eficaz.

Pero no aprendimos nada. Porque hoy se repite el mismo error: se refuerza lo hospitalario mientras se desatiende lo comunitario y lo preventivo. No existe una estrategia nacional que apueste de verdad por la proximidad. La pregunta es inevitable: ¿cuántas crisis más necesitaremos para comprenderlo?

La farmacia rural: trinchera y última línea de defensa

En este contexto, la farmacia rural se erige en el último hilo que mantiene unida la España vaciada con la sanidad pública. No es solo un espacio donde se dispensa medicación: es un núcleo de cohesión social, un lugar de acompañamiento así como de prevención y educación sanitaria. Allí donde hay una botica, hay vida, empleo y cierta dignidad.

Conviene recordar, además, un aspecto que casi nunca aparece en los titulares: el sistema farmacéutico español se sostiene porque las farmacias adelantan el dinero y los medicamentos. El ciudadano recibe su tratamiento de inmediato, pero el pago por parte de la administración llega después.

En la práctica, es el farmacéutico quien arriesga su patrimonio para garantizar la continuidad del servicio. En una gran ciudad esta carga puede resultar asumible, pero en una farmacia rural —y más aún en una de Viabilidad Económica Comprometida (VEC)— este mecanismo puede convertirse en una losa.

No basta con aplaudir: hay que actuar

El discurso oficial sigue instalado en la autocomplacencia, sin embargo, la realidad es otra: un sistema sanitario que desincentiva trabajar en los pueblos y que si también deja caer a la farmacia rural, estará renunciando a uno de los últimos hilos que mantienen la cohesión territorial y la equidad sanitaria.
La farmacia rural no pide favores, pide ser reconocida por lo que es: un servicio sanitario esencial, que debe integrarse plenamente en la atención primaria y convertirse en un proyecto de futuro atractivo para quienes deciden ejercer en un pueblo.

Defenderla es garantizar una sanidad que llegue también a quienes viven lejos de los grandes hospitales. Y mientras tanto, ahí sigue, en primera línea, resistiendo y demostrando que otra forma de atender —más cercana, más justa, más humana— no es un ideal, sino una realidad posible. La pregunta es cuánto tiempo más vamos a darle la espalda.