Cuando la atención se polariza en los detalles o en los casos singulares y se pierde la perspectiva del conjunto, se dice que los árboles no dejan ver el bosque. Algo así viene ocurriendo con el empeño de las entidades bancarias para obligar a sus usuarios a manejarse con un “pecé” o computadora personal, “velis nolis” (quieras o no quieras, traducirían los alumnos de aquel bachillerato con examen de estado).
La atención se ha centrado en los bancos, porque están más próximos a las cosas de comer para muchas personas que, dicho sea de paso, no tienen ninguna obligación de aprender los lenguajes digitales cuando ya han sobrepasado con creces los niveles de la madurez, pues cuando depositaron sus dineros, nadie les advirtió que necesitarían una reválida en habilidad informática para recuperarlos.
Pero no sólo los bancos practican el acoso digital. Quien debería dar ejemplo de atención, servicio y gratuidad, como es la Administración del Estado, lo viene practicando con descaro y cada día da un paso más por el camino de la digitalización por decreto, sin que el tema fuera incluido en programa electoral alguno ni el parlamento de la nación haya convalidado ley alguna que obligue a aprender informática.
Progresivamente, le impide al ciudadano presentar una queja, un justificante de pago, una solicitud o la documentación que el propio Estado le reclama, si no lo hace telemáticamente, con la traba añadida de que los programas que realizan tales gestiones no siempre funcionan de acuerdo con las instrucciones que ofrecen. Hasta el más inteligente ha sufrido, en alguna ocasión, el fiasco de no poder culminar una operación, a pesar de haber tecleado las instrucciones que le dictaba la pantalla, porque el programa no funcionaba correctamente.
Bien está que nos habituemos al uso de los nuevos sistemas, porque a la larga supondrán un avance para el conjunto de la comunidad; pero no está bien que tal acomodación se haga a la brava, dejando al usuario a la intemperie cuando necesita disponer de su dinero o hacer efectiva una reclamación, a la que tiene derecho, porque no la ha presentado informatizada, a pesar de que sus quejas hayan sido expuestas por escrito, firmadas personalmente y refrendadas con su D.N.I.
Esto, al parecer, no sirve y no se sabe bien por qué. Espero que algún día, alguno de nuestros Altos Tribunales declare que esta práctica atenta contra los derechos constitucionales de los ciudadanos, porque, a mi corto entender, cercena su elemental derecho a relacionarse con quien administra la cosa pública.
