La petición de un jubilado de 78 años de Valencia, Carlos San Juan, ha puesto sobre la mesa un problema que está sufriendo toda una generación. Millones de personas mayores ajenas a la época de las nuevas tecnologías que, una vez llegada a la tercera edad, ven cómo un muro digital se interpone entre ella y numerosas gestiones en las que la presencialidad está desapareciendo.

“Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo”. Así comienza el escrito con el que San Juan ha logrado ya más de medio millón de firmas en la plataforma. Si bien dicha petición de firmas va enfocada, exclusivamente, a las gestiones en los bancos, cada vez son más los trámites de distintos tipos de entidades y administraciones los que se están digitalizando. 

“Sí que es verdad que no todo el mundo sabe cómo ingresar dinero con los cajeros”, explica Martín Solano, de 72 años. Es vocal de Coapema, el Consejo aragonés de las personas mayores y acude casi cada día al Hogar del Jubilado de Barbastro. Asegura que depende de la persona y de la entidad, pero que en su banco ha observado que “cuando llega una persona mayor le atienden y le explican cómo tiene que hacerlo, pero no sé en los demás”. 

«Solo con que tengas que pedir cita en internet debes tener un sistema informático y luego saber usarlo»

Martín SolanoJubilado

También es consciente de que estos problemas no solo ocurren en entidades bancarias, sino también para pedir cita en línea para renovar el DNI, ver la carta de un restaurante a través de un código QR, solicitar consulta en el hospital o pedir un encuentro para hacer un trámite en Hacienda o en el Ayuntamiento. “Solo con que tengas que pedir una cita a través de internet tienes que tener un sistema informático. Un móvil o un ordenador. Y después saber manejarlo. Muchas personas no tienen esos conocimientos y tampoco se les da facilidades”, indica. 

Pone otro ejemplo manifiesto de las pocas facilidades que ofrecen las empresas. “Teníamos previsto un viaje con unos amigos a Roma y lo tuvimos que cancelar por la pandemia. Ahora lo hemos retomado. Era una oferta y no se podía comprar grupalmente sino que había que hacerlo individualmente. Algunos no sabían. Decían, va a venir mi hija para que me lo haga. Y en muchos casos son la hija o el hijo los que gestionan todos los procesos para coger vuelos, para hacer el viaje, para hacer el embarque. Si no están los hijos no lo pueden hacer”, explica. Destaca que algunos conocidos han tenido que acudir a gestorías para que les ayuden con los trámites, “con el gran gasto de dinero que conlleva acudir a estos negocios”.

Apoyo de la familia

José María Ballabriga tiene 71 años y es presidente del Hogar del Jubilado de Barbastro. Asegura que, en muchas ocasiones, “el apoyo de los hijos es indispensable”. Sin embargo, depende también de las personas. “Hay gente que tiene conocimientos tecnológicos porque ha trabajado en empresas relacionadas con las tecnologías y se desenvuelven bien y no tienen problemas”, añade. Para él, está claro que tiene que haber una evolución en los tiempos. “Pero debe haber un período de carencia y no se dé de golpe, igual que pasó con las tarjetas de crédito. Es decir, tiene que haber un tiempo de adaptación, porque no somos todos iguales”, insiste. 

Apela a que esto no ocurre porque quieren evitar gastos ante tanta digitalización. “Cualquier empresa lo que quiere es ganar dinero cuanto antes. Pero no nos pueden dejar de lado. Las personas mayores somos muchos millones. Han aprovechado la pandemia para recortar en gastos en vez de invertir en nosotros. Solo el 13% de los mayores de 75 años usa la banca digital. Y poder enviar una simple instancia al Ayuntamiento debería de ser sencillo, no es necesario tanto trámite online”, señala. 

En el mismo sentido, Julio Ollés, presidente de la Asociación de la Tercera Edad de Binéfar y Comarca y tesorero de Coapema, reivindica que, frente a estas situaciones, “la familia debería involucrarse en éstos aprendizajes de sus mayores”. “Por un lado, para que no dependan de los demás y, en estos momentos, todavía más y, por otro, por ser en la mayoría los que sustentan la economía familiar, tanto económica como conciliatoriamente entre ellos”, añade. Aunque es un problema general, “se agudiza mucho más en las poblaciones pequeñas”. En estas faltan progresivamente medios, infraestructuras y servicios, mientras que “la enseñanza para su utilización es frecuente y negativa”.

Situaciones innecesarias

“Cada día que pasa es más frecuente las situaciones con problemas en los bancos. Desde hace tiempo es común y las circunstancias actuales lo han sacado a la luz y lo hacen más corriente”, manifiesta Ollés. Enumera que “las citas previas, pago de recibos, gestiones con estamentos oficiales se han puesto de moda”. Indica que muchas de estas situaciones son innecesarias, “pero están siendo aprovechadas por todos, en detrimento de las personas con carencias de nuevas tecnologías”. No obstante, destaca la aplicación Salud Informa y de la mentalización que se debe hacer a los usuarios acerca de su utilidad. “Lleva implícitas muchas gestiones que pueden hacerse a través del móvil, para nosotros los mayores muy interesantes”, añade. 

«Antes de una evolución tiene que haber un período de carencia y adaptación, no puede ser todo de golpe»

José María BallabrigaJubilado

Por otro lado, asume que el papel de los teléfonos móviles puede jugar una mala pasada a las personas mayores. “La inmensa mayoría solo los utilizan para lo que han sido adiestrados: llamar y recibir llamadas. También para los famosos ‘WhatsApps’. Verdaderos mentideros en su mayoría y utilizados por los ‘listos’ para distribuir propaganda de todo tipo, la mayoría de las veces como “bulos peligrosos”, lamenta. 

Cabe recordar que Aragón es una de las Comunidades Autónomas más envejecidas de España. Actualmente cuenta con más de 1.300.000 habitantes, de los cuales alrededor de 280.000 son mayores de 65 años. Aproximadamente, un 20% supera los 85 años, sin embargo, uno de los datos más llamativos publicado por el proyecto ‘Salud, Soledad y Mayores’, enmarcado en el Plan de Salud de Aragón, es que en torno a 34.000 de estos últimos viven solos.

Proyecto de ley

El Senado aprobó el pasado miércoles dar un plazo de tres meses al Gobierno para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores. Así se recoge en una enmienda transaccional que modifica el proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. La enmienda establece que “el Gobierno promoverá las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por ‘brecha digital’”.

«La familia debería involucrase más en los aprendizajes de las personas mayores»

Julio OllésJubilado

En concreto, para favorecer la inclusión de las personas vulnerables como: que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de cajeros automáticos; el incremento del personal de apoyo; la instalación de señales de prioridad en el uso de los cajeros o el desarrollo de tecnologías de acceso a la banca “sencillas”. Igualmente, añade que se impulsarán medidas para acercar los servicios financieros en el mundo rural así como iniciativas, entre las líneas de actuación estratégica de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, como la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios.

450 millones de euros para los mayores

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se comprometió el pasado sábado a que entre este año y el siguiente se destinarán 450 millones de euros en políticas de atención a los mayores. De esta forma, asegura, “Aragón quiere impulsar un modelo puntero y propio, más participativo y centrado en la persona, en el que se va a trabajar conjuntamente con los agentes y colectivos implicados en este sector, a los que se convocará próximamente en un foro para debatir este tema”.

De estos 450 millones, 189,8 está previsto invertirlos durante este año y para el año que viene, como mínimo, la misma cantidad. A ellos hay que sumar los 66,7 millones procedentes de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Para Lambán, “hay que adecuar los servicios sociales a las necesidades y demandas de una generación muy proactiva que protagonizó la Transición y trajo la democracia, y quiere seguir ejerciendo su derecho a decidir cómo vivir esta etapa de su vida”.

Analizar y valorar los servicios que se prestan en el marco de la Ley de Dependencia es otro de los retos que citó el presidente aragonés. Los datos a 31 de enero de 2022 arrojan un récord histórico de beneficiarios. Son 35.353 personas atendidas con prestaciones o servicios frente a los 17.000 que había en 2015. Aún así, hay todavía 2.473 personas en el llamado limbo. Son las que tienen un grado reconocido pero todavía están pendientes de recibir la ayuda que tienen aprobada y les corresponde. Lambán indicó que en 2016 se encontraban en esta situación 14.000 personas.