Cuando llega la fecha de un nuevo aniversario de nuestra constitución, se suceden los elogios a aquel tiempo, que ya amarillea, pero también las voces que sugieren que la norma amarillea también. Nada nuevo. Más emoción que razón, las más de las veces.

Cuando era yo estudiante de bachillerato, teníamos una materia denominada “Formación político-social”. En el libro de segundo curso, se definían “las Leyes” diciendo: “Todos los hombres estamos sujetos a un orden y tenemos que obedecer unas leyes…unas veces la ley nos la da Dios…otras veces nos las dan los hombres que nos dirigen y nos gobiernan…”. La ley impuesta desde el poder. También en aquel bachillerato estudiamos a Quevedo en cuya “Política de Dios y gobierno de Cristo” sentenciaba: “Reinar es velar… rey que cierra los ojos da la guarda de sus ovejas a los lobos”. El rey protector, el ciudadano sólo súbdito. Rebeldes, muchos poetas no eran complacientes con el poder absoluto. Rojas Zorrilla escribió: “También nacieron los reyes/ para obedecer las leyes”; Lope de Vega clamaba: “Su ley –la del rey– /no ha de atropellar al justo” y Calderón: “En lo que no es justa ley/no he de obedecer al rey”. Más tarde Larra, más irreverente, aludía así al oficio de reinar: “Sépase lo que hace Su Majestad (de quien Dios nos guarde)… ¿No ha de hacer? Hace castillos en el aire, hace tiempo, hace que hace… hace mal papel, hace reír,… hace oración, hace cruces… es el hombre más ocupado del mundo…”. Aquel día, hizo, además, un decreto.

Aquellas leyes de entonces, en efecto, no nacieron de la voluntad de los ciudadanos expresada por medio de sus representantes y sometida, en el caso de la Norma Suprema, a referéndum de todos. En el siglo XIX todo cambió cuando fue aprobada la Constitución de 1812 que, siguiendo la filosofía de la época, también del Estatuto de Bayona, recogió la voluntad de una nación que ansiaba romper con un pasado en el que la ley no era la expresión de la voluntad de los ciudadanos a los que iba dirigida.

Hoy tenemos una Norma Suprema que surgió tras una etapa oscura en la que las leyes –como explicaba aquel libro de mi infancia– eran impuestas por un poder no elegido. La constitución de 1978 estableció el principio de legalidad según el cual todos los ciudadanos y los poderes públicos estamos sometidos a la constitución y a las leyes. Leyes que nacen en el seno del poder legislativo, elegido por los ciudadanos. Y la constitución estableció el principio de separación de poderes, aquel que también estudiamos más tarde de la mano de Montesquieu, el cual, en el “Espíritu de las leyes”, decía: “Una experiencia eterna nos ha enseñado que todo hombre investido de poder abusa de él…” para evitarlo hay que disponer los mecanismos políticos de manera que “el poder detenga al poder”. Y explicaba la función del juez como: “La boca que pronuncia las palabras de la ley”. Nuestra constitución recoge los tres poderes: ejecutivo, legislativo, y judicial, y establece los mecanismos, contrapesos, para impedir que el poder se concentre en una sola mano. La vocación de la constitución fue dejar bien clara la teoría de la separación de poderes en una Monarquía Parlamentaria donde el rey no retiene ninguno de los que antaño tuvo.

«Una norma que nació de la unión de ciudadanos en un tiempo difícil.
Que este aniversario sea momento de celebrarlo y tomar conciencia de que no somos súbditos,
somos ciudadanos y tenemos una Constitución que deberíamos intentar conocer y, desde luego, respetar»

Nuestra constitución debe ser respetada porque nace de la voluntad de todos y debe ser respetada por todos, también por los poderes públicos. Parece algo sencillo, obvio, pero en la práctica, desde el poder se intenta, demasiadas veces, sortear los contrapesos y burlarlos. Esto no quiere decir que nuestra constitución esté aviejada antes de tiempo. Siempre hay algo que se puede mejorar, desde luego, en cualquier norma. Pero son los gobernantes los que quieren estrujarla para, como siempre, como en todas partes, volver a los orígenes, al absolutismo aquel, a la autocracia aquella, también llamada dictadura.

Un pequeño ejemplo, pero no menor, es que ni en la pasada legislatura –salvo en una ocasión– ni en esta se haya llevado a cabo el “Debate sobre el estado de la nación”, práctica que comenzó en 1983 y que fue respetada por los sucesivos gobiernos. Hasta ahora. En virtud de la misma, cada año, el gobierno realizaba un resumen detallado de sus actividades y de los retos pendientes ante las Cortes. Es cierto que es una costumbre, pero basada en los principios de nuestra constitución, en la idea de que tenemos una Monarquía Parlamentaria y, por tanto, las Cortes son el lugar en que se ha depositado la soberanía y donde los gobernantes deben dar cuenta del mandato que se les concedió. No resulta adecuado ni transparente obviar este trámite, menos todavía cuando se presentó una proposición de ley, en abril de este mismo año, para hacer obligatoria esta práctica cuya iniciativa corresponde al gobierno.

En todo caso, no es día para reproches, es día para reflexionar sobre la suerte que tenemos de tener una norma que, además de fijar las bases de un estado de derecho y de establecer la separación de poderes, reconoce los derechos de todos y establece las garantías para que sean efectivos. Una norma que nació de la unión de los ciudadanos en un tiempo difícil. Que este aniversario sea momento para celebrarlo y tomar conciencia de que no somos súbditos, somos ciudadanos y tenemos una Constitución que deberíamos intentar conocer y, desde luego, respetar.