La Guardia Civil ha detenido a dos personas por tener a cerca de 200 trabajadores temporeros dedicados a la recogida de fruta en condiciones precarias. A su vez, han investigado a otra persona más y a tres empresas frutícolas de la comarca del Bajo Cinca, así como a tres empresas de trabajo temporal de las provincias de Castellón, Barcelona y Madrid.

La operación se inició a primeros de este mes de junio tras recibir la Guardia Civil tres denuncias en las que se exponía que, en dos domicilios de la localidad de Candasnos y en una finca de un antiguo establecimiento hostelero del Bajo Cinca, se encontraban viviendo cerca de 200 personas de diferentes nacionalidades en condiciones que atentaban contra sus derechos como trabajadores y como extranjeros en España.

La investigación

Por ello, los agentes iniciaron una investigación sobre los hechos denunciados y comprobaron que en los domicilios de Candasnos vivían unas 50 personas -entre las que había dos familias con hijos menores- en casas con peligro de derrumbe.

A su vez, comprobaron cómo había hacinadas 147 personas de diferentes nacionalidades en una finca que antiguamente era un establecimiento hostelero de Candasnos. Residían en condiciones de insalubridad, sin la adecuada canalización de aguas fecales, con una precaria instalación eléctrica y con evidente riesgo de incendio. Asimismo, observaron que se estaban llevando a cabo trabajos de construcción sin autorización para ampliar el número de habitaciones y poder albergar a más gente.

Detención

En colaboración con el Ayuntamiento de Candasnos y Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, los agentes registraron la finca y detuvieron a dos personas, de 61 y 52 años, por un delito contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

Los agentes comprobaron que los trabajadores alojados contaban con una autorización de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada en migración circular. Fueron contratados en su país de origen por el procedimiento de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), vinculado al Ministerio de Migraciones, por empresas de trabajo temporal para la recogida de la temporada de fruta.

Dado el riesgo y las condiciones precarias de una parte de las instalaciones de la finca, en coordinación de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Candasnos, se dispuso que una de las empresas afectadas realojara a una parte del total de los temporeros afectados, quedando el resto a cargo de un responsable de una de las empresas frutícola.

Vinculación de los empresarios con el propietario de los inmuebles

Los agentes comprobaron cómo el propietario de los inmuebles tenía vinculación con los empresarios implicados de las empresas frutícolas y de trabajo temporal para sacar un beneficio económico con los servicios de alojamiento de los trabajadores. 

Una de las empresas implicadas retenía parte del salario de los trabajadores en concepto de alojamiento y transporte diario al puesto de trabajo y otro tipo de servicios. Imponían condiciones laborables abusivas como el pago diferido para pagar el billete de avión del viaje de vuelta al país de origen de los trabajadores.