La política energética española lleva años atrapada entre eslóganes ideológicos y decisiones incompletas. Hoy, que da la impresión de que el mundo se reorganiza para garantizar una transición lo más segura posible, seguimos paralizados por el coste político de las decisiones. Ni el Sol es suficiente, ni la energía nuclear sobra. La madurez política podría empezar por asumir eso.
El apagón del 28 de abril, que dejó a oscuras a toda España, fue más que un fallo técnico: fue una señal de alarma. Un síntoma de que la seguridad y coherencia de nuestro sistema eléctrico no puede sostenerse indefinidamente sobre promesas genéricas. Mientras muchos países combinan pragmatismo tecnológico con visión estratégica, aquí seguimos encerrados en un falso dilema: ¿renovables o nuclear?
La apuesta del gobierno por las renovables es acertada, pero insuficiente. El sol y el viento son abundantes en España, pero no constantes ni gestionables. La intermitencia, la falta de respaldo firme y la vulnerabilidad de la red no se solucionan con entusiasmo y fe tecnológica. Insistir en un modelo 100 % renovable sin rediseñar el sistema de base es una temeridad.
La energía nuclear tiene riesgos, residuos y altos costes iniciales. Pero también es estable, proporciona inercia mecánica a la red, no emite CO₂ en operación, y puede ayudar a reducir nuestra dependencia energética. Francia, Finlandia o Corea del Sur la han reactivado o no la han abandonado y no por nostalgia. Lo hacen porque la descarbonización, inevitable a medio plazo, necesita redundancia, estabilidad y firmeza.
Pero mientras tanto, se cierran centrales que funcionan, se prohíbe la explotación de uranio sin debate, y fingimos creer que todo se solucionará con fotovoltaica y retórica. Esa estrategia, por llamarla de alguna manera, ya está mostrando sus límites: precios elevados, importaciones crecientes y una red vulnerable a cualquier incidente.
Es cierto que no se puede prever todo. Pero eso no puede servir de excusa para no prever nada. No tomar decisiones es también una forma de decidir: perpetuar el desorden, externalizar el coste y aplazar el problema. Necesitamos una política energética seria, que combine la visión a largo plazo con medidas inmediatas.
Algunas son obvias: revisar la ley que impide explotar uranio en suelo español, con criterios técnicos y ambientales; aprobar una moratoria nuclear revisable, vinculada a objetivos de estabilidad y descarbonización y definir un mix realista que incluya renovables, hidráulica, almacenamiento y energía nuclear. Y, sobre todo, impulsar un pacto de Estado que proteja la transición energética de las sacudidas parlamentarias de cada legislatura. Desgraciadamente el nivel de consenso político necesario, en un contexto de fragmentación parlamentaria y polarización extrema, no parece fácil de alcanzar.
Esa transición tiene que ser eficaz, socialmente justa, y gestionada con responsabilidad. No hay solución limpia sin decisiones difíciles. Y no hay progreso sin asumir que, en energía como en democracia, el idealismo sin pragmatismo está condenado al fracaso.
