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Opinión Editorial

1 de julio de 2016

Recientemente comentábamos es nuestras informaciones que los obispos de Aragón habían interpuesto un recurso en referencia al horario lectivo de la asignatura de religión en segundo curso de bachillerato. Lo que pretende la legislación de nuestra comunidad autónoma sobre esta materia es sacarla del horario lectivo en ese nivel escolar. El sindicato de profesores de religión (Apprece) se ha sumado a este recurso y afirman que los obispos se amparan en los acuerdos Santa Sede-Estado, en la legislación actual en vigor y en los «derechos fundamentales» de las familias para reclamar la derogación de la referida orden.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado la petición de los obispos aragoneses de suspender cautelarmente la orden del Departamento de Educación de sacar del horario lectivo de segundo de bachillerato la asignatura de religión.

El Tribunal citado aduce varias razones que, para no cansar ahora a los lectores, resumimos diciendo que, a su juicio, el recurso  «se basa en una apreciación que no es irrazonable ni infundada, como es el hecho indubitado de que con la orden impugnada, la asignatura de religión tiene un trato diferente al resto de asignaturas específicas, sin justificación para ello».

Este tema de la clase de religión, en general, sigue protagonizando informaciones y debates en la opinión pública y nos preguntamos si, tantas reticencias ante un derecho fundamental y reconocido en nuestra Constitución, art. 27, y en el párrafo 3, del art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fruto de la ignorancia o de una ideologización sectaria que no admite criterios diferentes a los suyos. Nos parecen polémicas innecesarias e injustas. Bastaría con aplicar lo establecido y seguir el Derecho. Y si hay que cambiar lo establecido debe primar el Derecho, como en todo, sobre los números y las encuestas.

Seguimos afirmando que la clase de religión es un derecho, un ejercicio de libertad y no un privilegio. Y añadimos que esa clase de religión, –católica, islámica, judía o de cualquier otra confesión religiosa con su correspondiente convenio con el Estado–, además de no ser ninguna concesión no debe ser ninguna imposición, rémora o antigualla. Lo que afirmamos es que la clase de Religión es un derecho para los alumnos y sus padres y un deber para la comunidad educativa. 

 

24 de junio de 2016

Muchos barbastrenses no saben que aquí hubo un cuartel, que durante 90 años albergó guarniciones militares. Aquellos que nacieron después de 1996 desconocen ese pasado cuya huella esconde una valla a la entrada de la ciudad. Fue una larga etapa, que se inició gracias a la lucha y el tesón de nuestros antepasados, que tenían muy claro la importancia de contar con un cuartel. No escatimaron esfuerzo, ni siquiera personales y económicos, para ir construyendo piedra sobre piedra lo que fuera uno de los principales motores económicos y sociales de Barbastro y su comarca

Pero el paso del tiempo es así, va abriendo y cerrando etapas y colocando en la memoria lo que hoy es actualidad. Más preocupante resulta que los barbastrenses, casi todos los barbastrenses, no sepan cuál será el destino de esos terrenos abandonados por los proyectos y las administraciones. Lo que hace ocho años se vendió casi como una nueva ciudad, con 676 viviendas, naves industriales, zonas de ocio y arbolado, son una vergonzante imagen para Barbastro. Nada hace suponer que su propietario, el Gobierno de Aragón a través de la empresa pública Suelo y Vivienda, vaya a desarrollar urbanísticamente los terrenos ni conforme a lo planificado hace casi una década ni de otra forma, como se ha instado a hacerlo desde el Ayuntamiento, por fases, comenzando por la puesta a disposición de un suelo industrial público muy necesario.

Ahora, aprovechando el aniversario de su cierre, sería un buen momento para reflexionar sobre el destino de esos terrenos, donados en su día por la ciudad de Barbastro al entonces Ministerio de la Guerra para la construcción de un cuartel. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Se hará algo? ¿O seguirá creciendo la vegetación hasta ocultar el pabellón de oficiales?

 

17 de junio de 2016

Sabido es que aquel hombre culto llamado Ramón Guillermo, que cambió una prometedora carrera militar por la soledad de claustro para dedicarse a la oración y al estudio, y al que ahora nuestra ciudad y diócesis veneran como santo y se encomiendan a su patrocinio, salió de Barbastro huyendo «por el lugar denominado Riancho, atravesó el río Vero por el puente de la Misericordia, y tomó el camino del pueyo de las forcas», donde hoy se levanta la ermita de San Ramón. Desde allí lloró sobre la ciudad que lo expulsaba y la bendijo.

En la expulsión del obispo Ramón se dieron cita varios motivos, a cual más bochornoso: un rey tan batallador como Alfonso I, al que no hacía mucha gracia un obispo tan poco guerrero y tan bondadoso como Ramón Guillermo; un obispo con ambiciones expansionistas, como Esteban de Huesca, que no cejaba en su empeño de anexionarse los territorios barbastrenses; y la complicidad de los nobles de Barbastro, que no veían con buenos ojos que el Obispo apoyase a los hombres libres y a los siervos.

El obispo Ramón recurrió a Roma y los Papas apoyaron su reclamación, conminando incluso con la suspensión al obispo Esteban. Tres o cuatro años después de su expulsión fue rehabilitado, pero ya nunca volvió a Barbastro, fijando su sede en Roda donde realizó una fecunda labor evangelizadora y cultural. En fin, otro episodio, de los que tan pródiga es nuestra historia, de un justo maltratado por no plegarse a las veleidades de quienes abundan en ambición y tienen en sus manos la razón de la fuerza.

Recordamos esta historia pocos días antes de la repetición de unas elecciones generales, que deberían proporcionarnos un gobierno estable, justo e inteligente. Tal vez sea mucho pedir, pero como hombres libres y honestos tenemos derecho a soñar con ello y Dios quiera que a conseguirlo. Por suerte, ya no son las armas ni los derechos dinásticos quienes ponen y quitan a los gobernantes en las sociedades democráticas, sino la voluntad del pueblo soberano. La complicidad de los nobles barbastrenses en el desafuero cometido con san Ramón nos lleva a subrayar la complicidad de los ciudadanos, por acción u omisión, en el futuro gobierno de este país. Ojalá el recuerdo de lo que ocurrió con el patrón de la ciudad nos anime a evitar la desgana y a ejercer una decisión plenamente responsable.

 

10 de junio de 2016

Hace cuarenta años estábamos igual, de campaña electoral; el 15 de junio de 1977, miércoles, más de 18 millones de españoles, casi el 80 por ciento de los 23.583.762 del censo electoral, votaron en libertad, algo que no ocurría en nuestro país desde 1936. La incipiente transición, los recién nacidos partidos políticos y las renovadas instituciones necesitaban una movilización ciudadana en las urnas que refrendara los primeros pasos de la democracia española. Cabe recordar que la edad de voto estaba establecida en los 21 años, por lo que muchos de los que ese día depositaron su papeleta lo hacían por primera vez; otros lo habían hecho cuarenta años antes.

Así que, de las muchas incertidumbres a las que se enfrentaba entonces nuestro país, preocupaba entre los futuros próceres que se votara poco o se votara mal, lo que obligó a una campaña de alto contenido didáctico y motivacional. «El mañana se decide hoy», rezaba uno de los carteles institucionales. «Cada partido te hará su propuesta. Debes conocer, también, las que no compartes. Vive la democracia. Medita tu voto», añadía. Los diarios publicaban artículos explicando cómo votar o el modo correcto de marcar la papeleta del Senado, al tiempo que TVE desgranaba en blanco y negro cómo se iba a hacer el escrutinio.

Llevamos apenas unas horas de la campaña que precederá a las decimoterceras elecciones generales de nuestro país, tildadas machaconamente de históricas y aceptadas con resignación por los potenciales votantes, como resultado del fracaso de los que se hacen llamar sus líderes. A estos parece que les vuelve a preocupar la participación, pero no como síntoma de salud democrática sino como el cumplimiento de lo vaticinado de las encuestas. Apuntan los expertos que el hartazgo social hará que los mensajes se simplifiquen –¿aún más?– y apelen a emociones elementales, así que la llamada a la responsabilidad individual resulta tan válida hoy como hace cuarenta años. Escucha a todos. Medita tu voto. Vive la democracia.

 

3 de junio de 2016

Ni pretendemos exhumar la revista que dirigió José Bergamín durante la II República –Cruz y raya (Revista de Afirmación y Negación)– ni mucho menos mencionar al dúo cómico del mismo nombre, que ha estado en las antípodas de aquella revista patrocinada por intelectuales de la edad de plata de nuestra literatura. Tan sólo queremos referirnos a la expresión coloquial con la que se manifiesta el propósito de despreocuparse y dejar en el olvido una cosa o persona como si ya no existiera, o sea: hacer cruz y raya.

Porque la publicación de la memoria de Cáritas, de la que se da cuenta en estas mismas páginas, avala la dolorosa constatación de que ni la crisis ha terminado ni se ha de pasar página despreocupadamente pensando que la solidaridad era cosa de otro tiempo y para otras situaciones. Pues no se puede hacer cruz y raya cuando más de siete mil personas, de las escasas cien mil que viven en esta Diócesis, han sido atendidas en los diferentes programas de Cáritas y cerca de dos millones de euros han sido invertidos en un amplio abanico de ayudas que van desde la acogida y atención a necesidades perentorias hasta la inserción laboral y puesta a punto para poder desenvolverse en un mundo tan diferente e inhóspito para muchos.

Casi la mitad de los recursos invertidos procede de la solidaridad directa de muchas personas anónimas que, como la viuda pobre de la parábola evangélica, dan lo que pueden. El resto son fondos públicos que llegan en gran medida a través de la «cruz» marcada por los contribuyentes en su declaración del I.R.P.F., indicando así su voluntad de que se destine un pequeño porcentaje de sus impuestos a fines sociales y solidarios.

Dos consecuencias nos parece lógico derivar de las precedentes consideraciones: la primera, que, como ya se ha dicho, no sería justo «hacer cruz y raya» con la crisis y la necesidad de seguir activando la solidaridad de todos; y la segunda, que sí es preciso «hacer la cruz» en nuestros papeles de la renta, porque garantizan que esa parte de nuestros impuestos va a ser bien empleada. Sin olvidar un estrambote, como en los mejores so-netos, a saber: que la «cruz» a favor de los fines sociales puede unirse con la de la Iglesia, y que ésta también es una «cruz» solidaria, porque es la Iglesia quien, desde los valores evangélicos que proclama y educa en sus miembros, promueve una conciencia de solidaridad y voluntariado sin las que no sería posible mantener vivas y activas las múltiples iniciativas que se recogen en la memoria aludida. Por ello la cruz, sí; pero también la raya que la hace llegar hasta la Iglesia.

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