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Opinión Editorial

30 de julio de 2010

Nadie sabe cómo ni cuándo se continuarán las obras y nos queda la impresión de que Huesca es la provincia más afectada en el posible desarrollo turístico, y en los sectores comerciales e industriales porque quedan frenados de forma radical». Las palabras del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huesca, el barbastrense Manuel Rodríguez Chesa, expresaron el martes la preocupación de los empresarios por el parón de las inversiones en la autovía A-23 en los tramos Congosto del Isuela-Arguis y Lanave-Embalse de Jabarrella y de la A-21 Jaca-Santa Cilia, y varios tramos de la autovía Pamplona–Huesca–Lérida. En total, las obras que Fomento rescinde y paraliza en Aragón suman una inversión de 874 millones o lo que algunos traducen en más de 12.000 puestos de trabajo.
Queda la impresión de que esto tenía que llegar, que se intuía, sabía, hablaba o susurraba. Que el cajón no da para más y que, después de funcionarios y pensionistas, llega el momento del recorte en la obra pública y de la simbólica imagen de una variante de Binéfar suspendida en el tiempo y pendiente de gestiones que aseguren su final, que ya parecía cercano.
Queda la impresión de que otros dineros se han gastado en asuntos cuya urgencia y capacidad de convertirse en inversión productiva, capaz de generar riquezar, resultaría dudosa. La fiebre de los frontones o los cambios de marquesinas, pavimentos y similares, al pairo del primer y segundo Plan E, no han acabado de consolidar su objetivo de crear empleo por los propios condicionantes de las ayudas.
Queda la impresión de que quienes debieran defender con uñas y dientes al Altoaragón son los primeros en justificar los recortes y en hablar de «crisis global», para no entrar en aquello tan incómodo de las responsabilidades. Y que los que tienen que protestar lo hacen poco y a media voz, no vaya a ser que les escuchen en Madrid y por salirse del rebaño les enseñen la tarjeta roja.

23 de julio de 2010

El pasado 15 de julio, se firmó en la Sacristía Mayor de la Catedral de Barbastro el convenio para la recuperación y dinamización social, cultural y turística del conjunto de interés cultural de la villa de Montañana. Hace algo más de medio año, ya se había constituído la Fundación Montañana Medieval, entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Puente de Montaña, la comarca de la Ribagorza y la Diócesis de Barbastro Monzón. El objetivo: tomar las riendas de unas obras y planes de recuperación en marcha y de un futuro gozosamente compartido.
Mucho más cerca de lo que nos parece, a 45 minutos de Barbastro por la carretera Nacional 230, se levanta el pueblo de Montañana en la confluencia misma entre Aragón y Cataluña. Flanqueda por los barrancos de San Miguel y San Juan, divida en dos barrios, en lo más alto de la villa se yergue la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Baldós. Murallas, rampas y torreones le brindan ese aire medieval que la emigración de los sesenta y setenta dejó al albur de un deterioro que, lejos de resultar imparable, se ha demostrado que puede frenarse.
Resulta indudable su carácter de villa emblemática, por sus iglesias y entorno; no en vano, las primeras referencias sobre este enclave aparecen en el cartulario de Alaón, a finales del siglo X. Mil años después, Montañana va camino de convertirse en el centro del Románico aragonés que inicia su camino en los restos del camino de Estopiñan, Caserras, Tolva, Luzás, Chiriveta, Cajigar y el monasterio de Alaón en Sopeira. Un circuito que conforman los núcleos que fue generando la Reconquista en Aragón: Jaca–San Juan de la Peña en el río Aragón,  Aínsa con San Victorián en el Cinca, Roda–Obarra en el Isábena y Montañana-Alaón en el Noguera Ribagorzana.
Hasta hoy, Montañana ha sido quizá la gran desconocida, pero con su restauración y el Plan de dinamización debe convertirse por propio derecho en el corazón de nuestra Edad Media. Los que participaron en la solemne firma que albergó la Catedral barbastrense comparten la sensación de que ese fue un gran día. También lo creen los vecinos de este núcleo ribagorzano, que han vivido el descubrimiento de pinturas, detalles y restos de un pasado esplendoroso con alegría y cierta sorpresa. La proyección de un documental sobre estos hallazgos despertó el revelador comentario de un niño de Montañana: «Papá, ¿esto está aquí? Pues tendremos que ir a verlo». Tendremos que ir a verlo.

7 de julio de 2010

Para el Colegio Diocesano «La Inmaculada», familiarmente conocido como «el Seminario», por estar situado en el edificio del Seminario Conciliar de la Diócesis, los últimos doce años han sido de resistencia numantina. Ofertó la ESO cuando contaba con un apreciable número de alumnos y la promesa, al parecer fiable, de que sería concertado. Pero la realidad, prosaica y dolorosa, ha sido una cosecha reiterada de negativas de la Administración para otorgar el concierto y la inevitable disminución del alumnado año tras año. Las pérdidas económicas, que esta situación ha generado, son ya imposibles de asumir por un Obispado con menguados recursos económicos y ha llegado el momento, doloroso para todos, de poner punto final.
La desaparición de un centro de enseñanza es siempre una pérdida social. En este caso se trata de un Centro de reconocida solvencia, en el que se han formado muchos hombres y mujeres que hoy son profesionales cualificados y que manifiestan sin tapujos su agradecimiento por la formación recibida. No es comprensible la actitud que la Administración educativa ha mantenido con este Centro durante más de una década, siendo que contaba con el alumnado necesario para formalizar los conciertos que hicieran posible su pervivencia.
En el fondo de este triste epílogo, late una asignatura pendiente de nuestra sociedad democrática: la absurda contraposición entre enseñanza pública y enseñanza privada, que, desde los primeros años de la transición, prosperó en nuestro país. Un conjunto de prejuicios, amasados con un clamoroso y sectario desconocimiento de la realidad, han hecho sufrir calvarios diversos a las iniciativas educativas de base social, que han pretendido ofrecer enseñanzas de calidad, por más que respetaran escrupulosamente la normativa educativa vigente del Estado. La consecuencia ha sido el empobrecimiento de la oferta educativa, sobre todo en tierras demográficamente deprimidas, como la nuestra; la innecesaria confrontación, y una supervivencia lograda a costa de esfuerzos desproporcionados. Y, sin embargo, lo que mejor garantiza el futuro de los pueblos es disponer de una amplia gama de ofertas educativas, con calidad reconocida y apoyo suficiente.

25 de junio de 2010

El Ayuntamiento de Barbastro publica esta misma semana la resolución de alegaciones, aprobadas por unanimidad en el pleno del 13 de mayo, a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el entorno de la Merced, desde la calle Santo Domingo a la calle Fonz. También por unanimidad de todos los grupos, en julio de 2008, esta revisión del plan había echado a andar para encontrarse con la contestación airada y muy preocupada de unos vecinos que recurrieron a todos los medios a su alcance para hacer constar su discrepancia.

Ahora, y casi dos años después, la exclusión de algunas parcelas o la conservación de Los Mercedarios demuestran que los ciudadanos sí pueden intervenir en las tomas de decisión, más allá del rutinario voto en las urnas. Que pueden encontrar un motivo para alertar sobre el estado de ese patrimonio local que se va diluyendo entre obras y dejación. Y que sus gobernantes aciertan al pararse y escuchar.

No es el único caso. Hace unos meses, se hablaba del urbanismo participativo para señalar que los que habitan una ciudad han de tener alguna vía, más allá de la pura alegación, para contrastar sus pareceres. Lo hizo este semanario, por ejemplo, a propósito del sentido del tráfico en el Coso y la respuesta resultó muy significativa. Lo llevó a cabo, sobre la reforma de este Paseo, el Partido Popular, que también recogió numerosas ideas y sugerencias. Tuvo que hacerlo el propio Ayuntamiento, tímidamente y sobre el tráfico en el centro, convocando por dos veces al Consejo Ciudadano, un órgano en esencia participativo.

El consenso, en sí, no es un valor ni bueno ni malo; es más cuantitativo que cualitativo. Pero la toma de decisiones, cuando escucha, valora y es sensible, como en el caso de La Merced, con la situación de los entornos y vecinos, ha de resultar mejor. Por eso los encargados de esas decisiones deben saber que el desacuerdo es el primer paso para el cambio y la mejora. Y que las opiniones distintas oxigenan las instituciones, embebidas en sus leyes de desarrollo, planes plurianuales y fondos diversos, pero tan lejos del bordillo roto o el vial estrecho. En este caso, se han acercado.

18 de junio de 2010

No existe ninguna duda de que uno de los factores determinantes del creciente deterioro en las relaciones entre los políticos y la sociedad civil radica en la falta de transparencia de los primeros. Como consecuencia, esta conducta inclina a los ciudadanos a la sospecha generalizada sobre sus representantes. Por eso nos parece una mala noticia que el Partido Popular haya tenido que acudir al amparo de los tribunales para obtener una información, que no solamente debería estar a su alcance, sino al de todos y cada uno de  los ciudadanos. Se trata de documentos importantísimos para poder ejercer el debido control sobre ingresos y gratificaciones de los empleados públicos  y que le han sido denegados en nombre de la protección de datos, una curiosa muletilla que difícilmente permitirá –mal usada– luchar contra la corrupción. Se supone que para saber si alguien percibe algún ingreso inadecuado o impropio, habrá que empezar necesariamente por saber su nombre y continuar por lo demás.
Lo grave no es errar. En este caso, como en casi todos, el poder dispara con pólvora del rey; es decir, con dinero de los contribuyentes que produce una curiosa paradoja: primero se deniega la información y después se persiste en la negación con nuestro dinero.
Más allá de cualquier disenso ideológico, hay que convenir que la política municipal se caracteriza en nuestro país por un decremento en la actividad y en el protagonismo de los organismos de control, que desgraciadamente siguen siendo fragmentarios y débiles. Si a esto unimos la existencia de listas cerradas, la posibilidad de reelección indefinida para un puesto, y la escasa exigencia de responsabilidades al cesar en un cargo público, la consecuencia inevitable es una concepción del poder cada vez más personalista y alejada de los ciudadanos.
No necesitamos recordar que quien ha solicitado la información –hasta ahora denegada– representa a un nutrido grupo de ciudadanos. Pero aunque representara a uno solo sería lo mismo. La urgente y necesaria regeneración de la vida pública pasa ineludiblemente porque nuestros ayuntamientos sean casas de cristal a la vista de todos los ciudadanos, por un mayor control de los fondos públicos, por la promoción de la sanción frente a las conductas que la merezcan y por la extensión a todos los niveles de los mecanismos de control necesarios. Hace unos días, el expresidente del Gobierno Felipe González advertía: hay que explicar muy bien cómo se gasta el dinero para que los ciudadanos entiendan decisiones que puedan ser impopulares. Por tanto una vez más tenemos que pedir  ¡Luz y taquígrafos! y que no se gaste el dinero de todos para propiciar la oscuridad.

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