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Opinión Editorial

11 de febrero de 2011

Manos Unidas presenta este año su Campaña 52. Con el lema Su mañana es hoy se une al cumplimiento del Objetivo nº 4 del Milenio que es «reducir la mortalidad infantil». Lo que se pretende es dar a conocer la situación de peligro real de muerte, antes de cumplir los cinco años, que sufren 148 millones de niños desnutridos en el mundo, de los cuales, muchos de ellos, padecen de forma tan grave que más de 11 millones  mueren cada año.
La campaña de este año quiere dar a conocer también que las soluciones son sencillas ya que la tragedia existe, no por falta de medios, sino por falta de una auténtica  voluntad. No sólo de gobernantes sino de todas las personas que vivimos en esta parte privilegiada del mundo. La nutrición insuficiente continúa siendo la causa subyacente principal de la mortalidad infantil y se hace necesario un urgente cambio de visión sobre la situación real de la infancia en el mundo. En la medida en la que se logre reducir los niveles de pobreza, analfabetismo, en- fermedad y desnutrición, se estarán sentando las bases para reducir muchas de las causas de la mortalidad infantil. Cualquier medida que se adopte en esta primera etapa de la vida es decisiva, no sólo para la supervivencia de los niños, sino para su posterior desarrollo.
Manos Unidas sigue en su firme compromiso de seguir trabajando por un desarrollo humano integral y solidario y para acortar la distancia entre los países menos desarrollados y los países ricos. Esta organización de la Iglesia Católica ofrece su trabajo constante para erradicar el hambre y la pobreza y para mejorar las condiciones de vida de cada persona necesitada. Con la campaña de este año quiere luchar especialmente para reducir la mortalidad infantil y trabajar por una infancia sana y sin riesgos y esto a través de proyectos integrales cuyos objetivos son la protección de los niños, la formación de la mujer, la capa- citación de personal sanitario y la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo de una vida digna. Y sigue comprometida en seguir reclamando a nuestros poderes públicos y a otras instituciones que adopten políticas de cooperación coherentes con la defensa de la vida de los niños.
Manos Unidas necesita que más y más manos se unan en esta tarea porque el mañana de muchos niños depende de todos nosotros.

4 de febrero de 2011

En poco tiempo hemos conocido el contenido de dos sentencias, condenatorias para el Ayuntamiento de Barbastro, en las que dos ciudadanos, trabajadores municipales en ambos casos, han optado por llevar la defensa de sus derechos a los tribunales. El primero, por una multa, anulada por el juez; el segundo, por el reconocimiento de que su tiempo de descanso es igual al de todos los empleados públicos que cada mañana podemos ver desayunando en las cafeterías de nuestra ciudad. Todos ellos ejercen un derecho reconocido.

Mucho llamó la atención el empeño consistorial en cobrar los 39 euros –por pago anticipado– de una sanción de tráfico, empeño que costó a las arcas públicas más de mil euros, un pequeño pero llamativo despilfarro. En el asunto del policía local al que, con treinta años de servicio, se le negó dejar su puesto de trabajo en su tiempo de descanso, a la indemización de 11.000 euros que se le debe, habrá que sumar una cantidad que puede rondar los 7.000 euros más por costas y demás gastos legales. A él le ha supuesto, entre otras cosas, año y medio de enfermedad. ¿No había otra solución? El hecho de que haya dinero para gastar no significa que no se deba medir el destino, también moral, de cada céntimo.

Entre el lugar en el que este guardia desempeña su labor y los despachos del Alcalde, los concejales y los servicios técnicos no hay más que una veintena de escaleras. Ascensor, incluso. Con ganas y una mínima voluntad de llegar a acuerdos, una conversación a tiempo pudiera haber ahorrado disgustos y ese gasto en los fondos públicos –o sea, de todos– que aún no ha acabado.

Estos dos casos nos muestran, además, que enfrentarse al poder no resulta fácil, aunque el derecho y la razón asistan al débil. No resulta fácil cuando el poder es, además, tu jefe y cuando no duda en sacar toda la artillería en buscar una victoria que la Justicia le ha negado, cuestionando el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y, en particular, el de disentir del poderoso. No resulta fácil cuando una cierta mayoría encuentra en el silencio su comodidad y mira hacia otro lado, haciendo dejación de sus responsabilidades. No resulta fácil ir a trabajar cada mañana sintiéndose señalado y no entender por qué se ha llegado a eso.

28 de enero de 2011

Bienvenido sea el respaldo que los Obispos de Cataluña acaban de dar al documento que firmaron los titulares de las diócesis de Barbastro-Monzón y Lérida, en presencia del Nuncio en España, el pasado mes de octubre. Piden «que se puedan cumplir las decisiones emanadas de la Santa Sede sobre estos bienes eclesiásticos», con lo cual reconocen lo que sentenció hace más de cuatro años el Supremo Tribunal de la Iglesia respecto a la propiedad de los bienes histórico–artísticos de las parroquias transferidas a la diócesis de Barbastro–Monzón. Un litigio sobre el que este periódico ha informado hasta la saciedad. ¡Lástima que tal respaldo no se haya escenificado antes! Nos hubiéramos ahorrado no pocos sinsabores y la madeja no se habría enredado tanto.
En los casi cinco años transcurridos desde que se notificó el decreto definitivo, el problema se ha hecho más complejo. Legítimamente resuelto en sede canónica, como corresponde a un litigio sobre bienes eclesiásticos entre dos entidades de la Iglesia, se ha abocado de forma rocambolesca al ámbito de la justicia civil, gracias a la sistemática reticencia catalana para acatar la sentencia.
Ahora, mientras las autoridades civiles de una de las Comunidades en liza insisten en que la ejecución de la sentencia vaticana depende de los Obispos (catalanes, se supone), las de la otra (que retiene los bienes) sostienen que ellos respetan el derecho canónico, pero defienden que intervenga el derecho civil, sin reparar en que el ordenamiento jurídico del Estado español reconoce la exclusiva competencia de los tribunales eclesiásticos para un asunto como el que nos ocupa.
Pero más vale tarde que nunca. Ojala la adhesión episcopal a lo que hace tiempo que está legítimamente sancionado ayude a desbloquear un problema que tanto ha hecho sufrir en las dos comunidades, llamadas, por historia y naturaleza, a entenderse.

21 de enero de 2011

Cuando se habla de un valor supremo y esencial como es el de la vida humana, cuesta acostumbrarse a los números, ya que una vida lo es todo en sí misma y por lo tanto es semilla del futuro de la Humanidad. Hablar de más de 70 muertes de mujeres en el pasado 2010, muchas de ellas acompañadas al sacrificio por sus propios hijos, produce un gran desaliento y una mayor tristeza, si cabe.
La violencia, nos dice quien tiene autoridad suficiente para ello, no es un componente genético más de nuestro ser y de nuestro carácter, sino que en la inmensa mayoría de los casos es el fruto de un serie de influencias externas. El ambiente familiar y social, la educación, la convivencia social con unos códigos de conducta, son algunos de los elementos que de forma acumulativa van a llegar a  configurar en el ser humano las tendencias violentas. Y hablamos de violencia sin ningún tipo de adjetivo, porque aunque el parricidio en sus diversas variantes es lo que atrae una mayor atención mediática, hay tristemente demasiada violencia en todos los ámbitos de  nuestra sociedad. Más de quinientos médicos han sido objeto de actos violentos en el último año mientras ejercían su profesión; los profesores han tenido que ver elevado su grado de protección social y ser declarados agentes de la autoridad para tratar de evitar las frecuentes agresiones de que eran objeto; los políticos, los funcionarios y tantos y tantos miembros de nuestra sociedad que deben convivir a diario con actitudes violentas.
Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a una situación que deteriora gravemente el ámbito de nuestra existencia y nuestra grandeza moral. No es posible que se reaccione más vehementemente contra la prohibición de fumar que contra esta lacra que encierra el germen de la destrucción de una sociedad. Y corregir un problema es más complejo si no se hace bien el diagnóstico. Nuestras autoridades, creemos que ingenuamente obsesionadas por un igualitarismo de pega, le- gislan y legislan, sin entender que un problema moral o una patología social si lo prefieren, no pueden curarse a golpe de decreto. Se necesita una completa restitución moral de la sociedad a través de una educación solvente y rigurosa que reconstruya unos códigos de conducta y unos horizontes de convicciones éticas tan necesarios como ausentes en nuestro mundo actual. 

14 de enero de 2011

Recientemente se ha presentado por la consejera de salud y Consumo del Gobierno de Aragón el II Plan sobre Drogodependencias y otras Conductas Adictivas, que deberá desarrollarse hasta  2016,  en cuya elaboración han trabajado las principales instituciones y entidades sociales directamente implicadas en las drogodependencias. Este plan, además de mantener y reforzar muchas de las orientaciones estratégicas contenidas en el primero, trata de normalizar y sistematizar el trabajo que se ha venido realizando en el periodo 2005-2010, a la vez que nos traza una rigurosa e inquietante radiografía de las diversas adicciones en nuestra comunidad autónoma.
Se obtienen preocupantes perfiles de nuestra juventud, para la que las drogas –legales e ilegales– se aceptan como un importante y necesario elemento de socialización y cohesión del grupo. Se extiende im- parablemente el llamado modelo anglosajón de un policonsumo superlativo, consistente en tomar de todo en un corto espacio de tiempo de una forma extrema de consecuencias peligrosas; la Consejera habla de «auténticos atracones» en algunos casos. La mujeres jóvenes fuman más que los hombres de su misma edad y nuestros escolares consumen más alcohol, cannabis y cocaína que los del resto de España; el alcohol es la droga más consumida entre los jóvenes de 14 a 18 años.
El Plan viene cargado de buenas intenciones y como en todos los planes de esta naturaleza se habla de prevención, integración y reinserción como ejes nucleares y esenciales del mismo. Pero posiblemente haría falta más, mucho más en materias tan sensibles como estas en las que está en juego la salud y en muchos casos la vida de nuestros jóvenes. Ni siquiera hacen falta más leyes, sino que las que hay se cumplan. ¿Cómo es posible que estando prohibida la venta a menores, el alcohol sea la droga más consumida por ellos? Y así podríamos seguir haciéndonos preguntas casi hasta el infinito. Hay demasiada tolerancia por parte de todos, una legislación laxa y errónea que nos ha llevado a estar permanentemente en el podio de los países más consumidores del mundo.
Hay mucho por hacer, desde la prevención, la educación y la integración, pero no debe olvidarse en  ningún caso que la leyes están para cumplirse y sino es así, para que las hagan cumplir quienes tienen potestad para ello.

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