22 de octubre de 2010

La importante dotación económica prevista para nuestra Comarca en estos tiempos difíciles, de alrededor de ocho millones de euros que van a recibirse  dentro de dos programas de desarrollo rural en Aragón, debe suponer un auténtico reto para poder lograr a través de su desenvolvimiento y gestión un efecto tan generosamente multiplicador como sea posible.

Las carencias son muchas y de gran calado, empezando por la lenta despoblación de nuestros núcleos urbanos, y hacen necesariamente prioritaria cualquier acción que de una manera sostenible permita el manteniendo de una vida activa en nuestros medios rurales. Es fácil  comprender que ese deseo no es más que el corolario perfecto de unas actuaciones bien ponderadas destinadas a  mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos, social, cultural, económico y ambiental en nuestros pueblos.

No dudamos de la capacidad de nuestros gestores ni de sus buenas intenciones, pero se hace necesario, más que nunca en estos tiempos de escasez, pedir que nos olvidemos de lo superfluo, de lo puramente consuntivo y efímero y tratemos de hacer de cada euro de nuestros limitados recursos un elemento dinamizador de la actividad socioeconómica. Cada proyecto debe ser objeto de un control riguroso y de una valoración de su impacto social concreto para poder gastar lo menos posible en ruido, propaganda y fuegos de artificio. Todo aquello que al final resulta socialmente estéril.

Los primeros proyectos que conocemos parecen encaminados en la buena dirección y muestran un aceptable equilibrio en todos los ámbitos a los que se dirigen. Ahora solo queda que ese espacio que media entre el proyecto y su recta ejecución se compacte debidamente con una actividad austera y diligente que lo conduzca hacia su buen fin. Todo ello con total transparencia, pues no hace falta recordarlo, son recursos públicos.

Los ciudadanos cuestionan cada día más la existencia de tantas administraciones superpuestas cuyos gastos están obligados a sufragar. Eso les brinda, en cada una de sus actuaciones, la oportunidad de reivindicarse a través de una prácticas sustentadas en los dos sólidos pilares de la acción pública, la eficiencia y la transparencia. Eso que los tratadistas de derecho político han llamado siempre, la legitimidad de ejercicio.

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