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Opinión Editorial Transparencia, siempre

8 de octubre de 2010

No es una buena noticia que el Ayuntamiento, con una actitud rayana en la contumacia, haya decidido recurrir una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo  que le obligaba a facilitar a la oposición los listados de la totalidad de los pagos efectuados a terceros. Parece como si, no  contentos con litigar y pagar las minutas con nuestros impuestos, los pagos que se tratan de ocultar  los hubieran hecho de sus propios bolsillos. No nos sirve el pobre argumento de la protección de datos , porque por encima de ella debe prevalecer siempre la transparencia, elemento esencial de la acción política al que por ello se le opone siempre el contrapunto de la corrupción.

La forma más clara y contundente de medir la calidad democrática  de cualquier institución, empieza siempre por medir su grado de transparencia, que consiste en algo tan sencillo como el establecimiento de mecanismos sencillos y expéditos de acceso a la información. No solamente para los directamente implicados en la acción política sino para todos los ciudadanos. De no seguir por ese camino recto y diáfano, al convertir el acceso a la información en un campo minado, se produce una perversa confusión entre lo público y lo privado. Y aquí no se pueden mantener equidistancias sospechosas, ni nadar en ambas orillas. O se está claramente a favor de la información y la transparencia y entonces estamos lanzando a los ciudadanos un mensaje de claridad y confianza , puesto que quien nada ha hecho nada tiene que temer ni ocultar, o seguimos por el camino torcido de la dilación, que lógicamente ha de producirles muchos recelos.

Tampoco conviene olvidar que la información que se está solicitando es una información fiscal, de la que Hacienda recibe una doble información por parte del pagador y por parte del cobrador, y  por tanto nada hay en ella que afecte a la intimidad de las personas, que además en muchos casos ni siquiera lo  son físicas. En caso de duda debe prevalecer siempre el derecho a la información y la transparencia. ¿De qué otra forma podría ejercerse un control eficaz de la actividad pública?

Al negar esta información  y cualquier otra destinada al control del origen y destino de los fondos públicos con los que se financia la acción política, no solo se deteriora la calidad democrática  sino que a la vez se produce una burla y claro desaire a todos los ciudadanos que  la financian con sus  impuestos.

 

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