2 de diciembre de 2016

La lectura de los hechos probados en la sentencia del Juzgado de Menores de Huesca, a raíz del homicidio del guardia civil José Antonio Pérez el pasado mes de marzo, ha reavivado el dolor de muchos barbastrenses por la inhumana actuación del imputado. Queda patente su desprecio de la vida tanto del guardia como de cualquiera otra persona que pudiera cruzarse en su camino.

Por ello, el fallo judicial nos produce perplejidad, ya que a nuestro parecer los hechos fueron tan graves que parecían reclamar que se aplicase todo el peso que la ley permite en estas circunstancias. Naturalmente, la sentencia corresponde a quien tiene la jurisdicción judicial y no a nosotros; pero, acatando lo que los órganos de la justicia de-terminen, nos unimos al sentir de muchos ciudadanos, que también tienen el derecho de expresar su parecer en un asunto que a todos afecta y preocupa.

No estamos a favor de que las penas o castigos sean vindicativos. No es la venganza la mejor actitud para favorecer la convivencia ni lograr la reforma de los delincuentes. Pero es indudable que el castigo ha de tener efecto medicinal –es decir: educativo, ejemplarizante y, en su caso, disuasorio– y por ello es ineludible aplicarlo también en una sociedad civilizada y democrática.

Hay situaciones en las que para salvar la vida del enfermo se requieren tratamientos dolorosos, con los que no se busca hacer daño, sino conseguir la salud. En este sentido apelamos al carácter medicinal del castigo. Para conseguir una saludable convivencia ciudadana nos parece indispensable que la normativa vigente se aplique sin mirar a otro lado y, por ingrato que resulte, castigar sin paliativos las infracciones que tantas veces se producen y hemos denunciado.

Pensamos que una tolerancia mal entendida, que termina siendo permisividad aprovechada por quienes necesitarían adquirir pautas de comportamiento respetuosas con la vida de los demás, tiene como consecuencia que determinados menores crean disponer de un estatuto especial que les autoriza a vagar por las calles en horario escolar, o que sea posible el tráfico de estupefacientes en la proximidad de centros escolares, o que se circule por las calles y también por las aceras como si formaran parte de los aledaños de un circuito de carreras, o que vivir y moverse en determinadas calles y lugares requiera una audacia más allá de lo común. En aras del bien de todos y de la convivencia en paz defendemos el castigo saludable, tanto en la sociedad como en el ámbito educativo de la familia; por ello nos ha causado desazón la sentencia del Juzgado de Menores ante unos hechos tan dolorosos que, a nuestro juicio, reclaman una sanción más ejemplar. 

 

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