1 de julio de 2016

Recientemente comentábamos es nuestras informaciones que los obispos de Aragón habían interpuesto un recurso en referencia al horario lectivo de la asignatura de religión en segundo curso de bachillerato. Lo que pretende la legislación de nuestra comunidad autónoma sobre esta materia es sacarla del horario lectivo en ese nivel escolar. El sindicato de profesores de religión (Apprece) se ha sumado a este recurso y afirman que los obispos se amparan en los acuerdos Santa Sede-Estado, en la legislación actual en vigor y en los «derechos fundamentales» de las familias para reclamar la derogación de la referida orden.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado la petición de los obispos aragoneses de suspender cautelarmente la orden del Departamento de Educación de sacar del horario lectivo de segundo de bachillerato la asignatura de religión.

El Tribunal citado aduce varias razones que, para no cansar ahora a los lectores, resumimos diciendo que, a su juicio, el recurso  «se basa en una apreciación que no es irrazonable ni infundada, como es el hecho indubitado de que con la orden impugnada, la asignatura de religión tiene un trato diferente al resto de asignaturas específicas, sin justificación para ello».

Este tema de la clase de religión, en general, sigue protagonizando informaciones y debates en la opinión pública y nos preguntamos si, tantas reticencias ante un derecho fundamental y reconocido en nuestra Constitución, art. 27, y en el párrafo 3, del art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fruto de la ignorancia o de una ideologización sectaria que no admite criterios diferentes a los suyos. Nos parecen polémicas innecesarias e injustas. Bastaría con aplicar lo establecido y seguir el Derecho. Y si hay que cambiar lo establecido debe primar el Derecho, como en todo, sobre los números y las encuestas.

Seguimos afirmando que la clase de religión es un derecho, un ejercicio de libertad y no un privilegio. Y añadimos que esa clase de religión, –católica, islámica, judía o de cualquier otra confesión religiosa con su correspondiente convenio con el Estado–, además de no ser ninguna concesión no debe ser ninguna imposición, rémora o antigualla. Lo que afirmamos es que la clase de Religión es un derecho para los alumnos y sus padres y un deber para la comunidad educativa. 

 

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