18 de junio de 2010

No existe ninguna duda de que uno de los factores determinantes del creciente deterioro en las relaciones entre los políticos y la sociedad civil radica en la falta de transparencia de los primeros. Como consecuencia, esta conducta inclina a los ciudadanos a la sospecha generalizada sobre sus representantes. Por eso nos parece una mala noticia que el Partido Popular haya tenido que acudir al amparo de los tribunales para obtener una información, que no solamente debería estar a su alcance, sino al de todos y cada uno de  los ciudadanos. Se trata de documentos importantísimos para poder ejercer el debido control sobre ingresos y gratificaciones de los empleados públicos  y que le han sido denegados en nombre de la protección de datos, una curiosa muletilla que difícilmente permitirá –mal usada– luchar contra la corrupción. Se supone que para saber si alguien percibe algún ingreso inadecuado o impropio, habrá que empezar necesariamente por saber su nombre y continuar por lo demás.
Lo grave no es errar. En este caso, como en casi todos, el poder dispara con pólvora del rey; es decir, con dinero de los contribuyentes que produce una curiosa paradoja: primero se deniega la información y después se persiste en la negación con nuestro dinero.
Más allá de cualquier disenso ideológico, hay que convenir que la política municipal se caracteriza en nuestro país por un decremento en la actividad y en el protagonismo de los organismos de control, que desgraciadamente siguen siendo fragmentarios y débiles. Si a esto unimos la existencia de listas cerradas, la posibilidad de reelección indefinida para un puesto, y la escasa exigencia de responsabilidades al cesar en un cargo público, la consecuencia inevitable es una concepción del poder cada vez más personalista y alejada de los ciudadanos.
No necesitamos recordar que quien ha solicitado la información –hasta ahora denegada– representa a un nutrido grupo de ciudadanos. Pero aunque representara a uno solo sería lo mismo. La urgente y necesaria regeneración de la vida pública pasa ineludiblemente porque nuestros ayuntamientos sean casas de cristal a la vista de todos los ciudadanos, por un mayor control de los fondos públicos, por la promoción de la sanción frente a las conductas que la merezcan y por la extensión a todos los niveles de los mecanismos de control necesarios. Hace unos días, el expresidente del Gobierno Felipe González advertía: hay que explicar muy bien cómo se gasta el dinero para que los ciudadanos entiendan decisiones que puedan ser impopulares. Por tanto una vez más tenemos que pedir  ¡Luz y taquígrafos! y que no se gaste el dinero de todos para propiciar la oscuridad.

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