27 de enero de 2012

Vivimos unos tiempos trufados de múltiples escándalos políticos y económicos, unidos todos ellos por un denominador común –digámoslo eufemísticamente–: el uso desahogado del dinero público. Ninguno de ellos hubiera podido consumarse si existiera de hecho, que de derecho sí existe, un riguroso control del poder, sobre todo cuando dispone del dinero público. Que el dinero sea público no quiere decir que no sea de nadie, como piensan y manifiestan algunos vivillos, sino que es de todos los ciudadanos. Tampoco hubiéramos llegado a este lodazal si viviéramos en un estado de derecho verdadero y transparente.

Verdadero porque deberían exigirse con absoluto rigor los controles que la ley impone, pidiendo responsabilidades penales a quienes los eludan o ignoren. Ahora parece que empezamos a despertarnos, cuando el mal ya está hecho.

Transparente, porque a estas alturas resulta vergonzoso que España sea uno de los pocos países de los llamados democráticos que no cuenta con una ley clara y expeditiva que regule el acceso de todo ciudadano a cualquier información pública que reclame. En el año 2009, el Consejo de Europa aprobó un convenio sobre el acceso a documentos públicos, al que lamentablemente España no se adhirió. La falta de control y de transparencia se encuentra siempre, antes o después, en cualquier escándalo.

En nuestra propia casa tenemos abundantes ejemplos para poner. Casos en los que se obliga a ir a los tribunales, no ya un ciudadano cualquiera –que estaría mal– sino a un miembro de la oposición, cuando solicita datos sobre pagos, disposiciones y gratificaciones; en definitiva, usos del dinero público. Para ello se envuelven en esa capa que todo lo tapa: la Ley de Protección de Datos. ¿Alguien puede decirnos cómo puede resolverse un delito sin conocerse el nombre de los autores, cómplices o encubridores del mismo? Aquí no hablamos de delitos, sino de falta de transparencia. La información –toda la información– debe fluir de una manera integral, sin que el trámite se convierta en un infierno burocrático para quien se atreve a solicitarla.

En el BOPH del 12 de enero de 2012, tenemos otro ejemplo de lo que a nuestro entender no debería hacerse. Se daba cuenta –es decir, publicidad– por nuestra Comarca de tres contratos formalizados dos meses antes, en noviembre, con sendos procedimientos urgentes, negociados sin publicidad. Más de medio millón de euros de dinero público al que no pudieron acceder todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Ciudadanos que sólo son iguales a la hora de pagar sus impuestos, pero no para acceder a un concurso de la administración. Dos ejemplos bastan para anhelar la pronta llegada de esa Ley de Transparencia que nos tienen prometida. Mientras llega, sería conveniente que nuestros gobernantes releyeran los artículos 9 y 14 de nuestra Constitución y aprendieran la trascendente diferencia que existe entre lo legal y lo legítimo.

20 de diciembre de 2012

Las alegaciones planteadas por los representantes sindicales de cuatro trabajadoras de la Comarca contra los presupuestos de 2012 y sobre todo contra las negativas consecuencias laborales de su aplicación, llevan el germen inevitable de su conflictividad, pero todavía más que eso plantean –como siempre– un dilema mucho más profundo y de un elevado componente moral en estos tiempos difíciles y angustiosos.

Nadie discute la necesidad imperiosa de recortar un gasto, en muchos casos tan desenfrenado y vacuo ayer, como estricto y doloroso hoy. Lo que sin duda sí que puede discutirse –y aquí está el componente moral al que aludíamos– es el dónde, el cuánto y el cómo recortar. No puede equipararse nunca la celebración de un acto lúdico, como un baile o un carnaval, a un puesto de trabajo de carácter social o cultural. No puede ponerse en el mismo platillo de la balanza el transporte especial de personas impedidas con los gastos de cualquier convite o merendola. Y así podríamos seguir, poniendo ejemplos hasta el infinito, porque, que sepamos, los gastos, dietas y demás prebendas abundantes no merman, en primer lugar, como debería ser.

Las comarcas, como tantos otros organismos, fueron creadas en épocas de abundancia y escaso sentido práctico, con un planteamiento, a nuestro entender, excesivo y generoso, como auténticos microparlamentos. Pensadas para prestar de forma efectiva una serie de servicios esenciales a todos sus miembros, han ido ampliando y dispersando sus funciones y recursos en una serie de cuestiones superfluas y de imagen que son las que ahora se deberían reconducir. Y buscar en cada partida y recurso presupuestario una inequívoca rentabilidad social. Y esto debería servir para todos los organismos que se han preocupado más de las subvenciones y el clientelismo que del auténtico interés social al que todo político de vocación, que no de profesión, debe servir siempre en primer lugar.

Las crisis suponen un vuelco de valores y, a la vez, un insustituible elemento de contraste que nos permite distinguir el grano de la paja. Discernir al verdadero buen gobernante, que no es otro que el que trabaja de verdad, en pro de la justicia social. El que, si tiene que cortar, corta por lo insano.